En las últimas décadas hemos asistido a un apogeo del pensamiento conservador, a la exaltación de la desregulación de los mercados, a la crítica del papel del Estado, al desprecio de lo público, al culto del interés egoísta y a la ilusión del crecimiento ilimitado. Se ha antepuesto el mercado a la democracia y el enriquecimiento rápido de algunos a la solidaridad, mientras se reducía y mercantilizaba el espacio público y se incrementaban las desigualdades.
Con la crisis esta dinámica no se ha corregido sino que se ha incrementado. Las respuestas a la crisis han agravado las desigualdades sin corregir el predominio del sistema financiero. Pero hemos de reconocer que los mercados han ocupado el espacio que las decisiones políticas, o la ausencia de las mismas, les ha permitido. Es a la democracia a quien le corresponde corregir esta situación.
Un claro ejemplo es el papel de las agencias de calificación. Nos quejamos de su influencia pero no se han cambiado las reglas que les dan su poder ni se ha sido capaz de crear alternativas a su función
La acción política de los socialistas debe centrase en recuperar el espacio público, evitar la exclusión social y buscar alternativas económicas frente a la "economía del miedo", el “pensamiento único”, la deriva especulativa del sistema financiero, y la financiarización a economía real.
Nuestro objetivo es un crecimiento redistributivo y sostenible, generador de empleo. Hay que poner el énfasis en la redistribución y la sostenibilidad en su doble dimensión económica y ambiental porque la creciente desigualdad ha sido una de las causas de la crisis económica .Es además una amenaza a la democracia al dar una voz desproporcionada a los poderosos como el Presidente Obama advertía recientemente. Hasta el FMI reconoce que la excesiva desigualdad se ha vuelto económicamente
ineficiente. La renta disponible de la mayoría no permite sostener un consumo estable que mantenga la producción. Y la minoría que acumula los frutos del crecimiento no puede consumir toda esa renta y con sus excedentes alimenta la especulación. Eso produce un crecimiento a base de “burbujas” que acaba explotando y produciendo la recesión.
Entretanto, algunos ejecutivos de grandes corporaciones acumulan riqueza y poder, y se auto-retribuyen con sueldos y pensiones obscenas. Esto sucede al tiempo que la precariedad laboral crece, la desigualdad aumenta, la cohesión social se debilita y se agrava el deterioro del planeta. Esas tendencias son social y económicamente insostenibles. El sistema económico basado en el predominio del poder financiero no es capaz de corregirlas. Ni siquiera se lo plantea.
Por eso sólo saldremos de la crisis, y evitaremos caer en la siguiente, propiciando un crecimiento redistributivo y sostenible. Esta apuesta por la igualdad, dentro y fuera de nuestras fronteras, nos exige combatir la creciente concentración de la renta y de la riqueza (incluido el acceso a los recursos naturales), así como la concentración del poder y el acceso a la información en pocas manos. El reto de nuestro tiempo es construir una respuesta política socialdemócrata a la globalización económica y financiera a escala europea y global.
1. POR UNA POLÍTICA ECONÓMICA EUROPEA QUE ESTIMULE LA REACTIVACIÓN Y EL EMPLEO.
Las políticas de austeridad fiscal aplicadas simultáneamente en todos los países no están funcionando. A pesar de los grandes esfuerzos de ajuste fiscal, la situación económica no solamente no ha mejorado, sino que está empeorando. Europa está entrando en una recesión que puede ser especialmente dura para España, como confirma el FMI, con tasas de paro cercanas al 23 %.
Hay que impulsar un acuerdo a nivel europeo que reconsidere la senda de consolidación fiscal con plazos factibles de reducción del déficit que tenga en cuenta las diferentes situaciones de partida de las variables macroeconómicas clave, en cada país, en particular la ratio de endeudamiento público con relación al PIB. No es sensato que Italia y España deban reducir el déficit público al mismo ritmo cuando el porcentaje de nuestra deuda pública sobre el PIB es la mitad que la italiana. En todo caso, los plazos que se ratificaron en el último Consejo Europeo no los podrá cumplir ningún país si continuamos aplicando las mismas políticas que empujan a la recesión económica.
Si todos los países llevan a cabo políticas contractivas al mismo tiempo, la austeridad generalizada conduce a la recesión y la recesión exige más austeridad. Hemos entrado en un círculo vicioso que no reduce el ratio de endeudamiento sino que lo aumenta.
La única forma de reducir el endeudamiento es el crecimiento. Los mercados lo saben bien y por eso no se reducen las primas de riesgo. Las propias agencias de calificación señalan que el problema es la debilidad del crecimiento, y el excesivo endeudamiento privado, más que el endeudamiento público, lo que es especialmente cierto en España que padece una crisis de estancamiento. Lo único que les va a convencer es una senda creíble de crecimiento. Y ello necesita estímulos a corto y medio plazo.
Una política coordinada europea debe propiciar que los países con márgenes de actuación ayuden a la recuperación económica de la eurozona estimulando su demanda interna con políticas de inversión a escala europea. Y no solo por solidaridad sino por su propio interés. Sin una política europea que impulse la actividad y reduzca los costes de financiación los pueblos rechazaran las austeridades sin contrapartidas.
Por tanto no solo necesitamos un Pacto Fiscal que asegure la necesaria disciplina y corresponsabilidad. Además es imprescindible un Pacto Social y por el Empleo que garantice los derechos laborales en el marco de la Agenda del Trabajo Decente de la OIT, que incluya un salario mínimo europeo y evite el dumping social en Europa.
En definitiva, la reducción gradual de los déficits públicos no puede hacerse a costa de generar déficits sociales. Para los socialistas, el ajuste no debe ser la excusa para desmantelar el sistema de protección social. El déficit más grave que nos amenaza es el déficit de futuro de la actual generación de jóvenes y, por qué no decirlo, el déficit de democracia que estamos viendo en la toma de decisiones económicas en la Unión Europea.
2. UNA NUEVA GOBERNANZA ECONÓMICA EUROPEA.
Además de reorientar la actual política económica fallida que está desarrollando el Consejo Europeo, es imprescindible corregir la deriva intergubernamental y dotar a la Unión Europea de nuevas instituciones de gobierno económico que garanticen el crecimiento sostenible y la estabilidad financiera.
Es necesario establecer un verdadero Fondo Monetario Europeo adecuadamente capitalizado que emita eurobonos, adquiera deuda pública de los Estados y que pueda obtener liquidez del Banco Central Europeo, para así garantizar la estabilidad de los mercados de Deuda Pública.
El Banco Europeo de Inversiones debe aumentar su capacidad para financiar más inversiones productivas e infraestructuras intereuropeas que generen puestos de trabajo.
El papel del Banco Central Europeo es fundamental porque las anteriores medidas necesitan tiempo y a corto plazo solo sus intervenciones pueden garantizar financiación a tipos razonables. El BCE debe tener el crecimiento económico como uno de sus objetivos y poder actuar como prestamista en última instancia de los gobiernos, como hacen los demás Bancos Centrales del mundo. Actualmente lo hace por la puerta de atrás dando liquidez ilimitada a los Bancos a tipos muy bajos para que estos presten a los gobiernos.
Podría prestar a institutos financieros oficiales y nos ahorraríamos esa renta de intermediación de la que se apropia el sistema financiero. ¿Porqué los países tienen que pagar tipos mucho más altos que los Bancos por los préstamos del BCE?
Tenemos que romper el oligopolio de las agencias de calificación y crear una Agencia Europea de Calificación creíble y transparente.
Necesitamos un presupuesto comunitario más potente que el actual 1% del PIB. Dos nuevos impuestos europeos, una tasa sobre transacciones financieras y un impuesto sobre las emisiones de Co2 podrían financiar planes de empleo juvenil y de innovación tecnológica. Así, la fiscalidad europea serviría para combatir tres de los grandes problemas de nuestro tiempo a escala global: la pobreza, la hipertrofia financiera y el cambio climático.
Asimismo, es urgente armonizar la fiscalidad de los Estados Miembros para evitar el dumping fiscal entre países, avanzar hacia una unión fiscal y luchar sin cuartel contra los paraísos fiscales, incluyendo los existentes en el interior de la UE.
3. RECUPERAR LA CENTRALIDAD DE LAS POLÍTICAS REDISTRIBUTIVAS: UNA NUEVA FISCALIDAD PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES.
El PSOE debe volver a ser identificado por los ciudadanos como la fuerza política radicalmente comprometida con la reducción de todo tipo de desigualdades, ya que éstas no solamente son socialmente injustas sino que además producen ineficiencias económicas, como ya han reconocido los organismos financieros internacionales.
Cuando el salario del ejecutivo de una empresa puede ser de hasta 500 veces superior al de un empleado, es imposible construir una sociedad justa y cohesionada. No se trata sólo de garantizar la igualdad de oportunidades, sino también evitar que las desigualdades de renta excesivas creen otro tipo de sociedad incompatible con una democracia avanzada.
Por tanto necesitamos una reforma integral del sistema fiscal que aumente la equidad y su capacidad recaudatoria.
Las rentas de capital deben integrarse en el IRPF bajo la misma escala progresiva que las rentas del trabajo. El impuesto sobre la renta debe completarse con un impuesto sobre los patrimonios significativos. La escala debe tener en cuenta la mayor dispersión de la distribución de la renta con tipos marginales más elevados para las rentas más altas y un crecimiento menos rápido para los tramos intermedios. No hay nada más efectivo contra la avaricia encarnada en las retribuciones desorbitadas de algunos altos directivos que un adecuado impuesto sobre la renta.
Asimismo, debemos redefinir con un adecuado diseño social el Impuesto sobre Sucesiones y eliminar exenciones y bonificaciones fiscales en el impuesto de sociedades a las grandes empresas que abren una brecha profunda entre el tipo nominal y el tipo efectivo del impuesto.
Este reparto equitativo de la carga fiscal requiere también la supresión de numerosos privilegios fiscales existentes, así como las deducciones fiscales que tienen un efecto antiredistributivo.
Debemos intensificar la lucha contra el fraude fiscal ampliando la pena por el delito fiscal y el plazo de prescripción a diez años para el gran fraude fiscal, y cerrar los agujeros por donde se cuela la elusión fiscal. E impulsar una lucha sin cuartel contra los paraísos fiscales haciendo realidad la voluntad expresada por el G-20 desde que empezó la crisis financiera
4. POR UN MODELO PRODUCTIVO SOSTENIBLE Y GENERADOR DE EMPLEO.
Las políticas sociales no bastan para compensar las imperfecciones del mercado, como ha demostrado la crisis económica. Es necesario ir a la raíz del problema por lo que el Estado tiene que tener un papel activo en corregir los fallos del mercado. Asimismo, debemos anticiparnos a las crisis económicas y no solamente tratar de paliar sus consecuencias.
Sólo recuperaremos el empleo con un crecimiento basado en un nuevo modelo productivo. Frente al capitalismo financiero y de casino apostamos por la economía real y productiva, y sostenible financiera y ambientalmente. Este nuevo modelo productivo diversificado y equilibrado sectorialmente tiene que contribuir a reducir las desigualdades territoriales y sociales y basarse en:
Una renovada política industrial que identifique e impulse sectores emergentes, que favorezca el crecimiento de la productividad, la competitividad, y la internacionalización de las empresas desde la perspectiva de su capacidad exportadora, y que se nutra de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Un potente sistema de crédito oficial que sirva de palanca para desarrollar la política económica anti-cíclica y para financiar inversiones productivas y proyectos empresariales de PYMES y emprendedores.
Un uso sostenible y eficiente de los recursos naturales, que incentive la protección de la biodiversidad, la reducción de la contaminación, el aprovechamiento económico racional y la innovación tecnológica.
Una robusta política de la competencia que elimine rentas de situación y combata las situaciones de monopolio.
En este nuevo modelo productivo la fiscalidad es también un instrumento fundamental para incentivar la innovación, para fomentar las inversiones beneficiosas y penalizar actividades nocivas. Una fiscalidad que debe ser evaluada de forma permanente “ex post” en términos de coste-beneficio de los resultados obtenidos
5. UN ESTADO DEL BIENESTAR FUERTE Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR LA COHESIÓN SOCIAL.
La solidaridad es el otro gran valor de la socialdemocracia junto con la libertad en igualdad. Para hacerla efectiva, necesitamos un Estado del Bienestar fuerte y eficiente que proteja a los ciudadanos de los riesgos colectivos y que garantice la igualdad de oportunidades a través de la educación y la sanidad. La educación pública es, además, la principal palanca para construir la igualad y para la transformación a medio plazo de nuestro modelo productivo. Debe reforzarse para que todos los ciudadanos, desde la infancia, estén en condiciones de aprovechar los cambios tecnológicos de la sociedad de la información.
Lo que hoy denominamos Estado de Bienestar no puede ser una macro estructura burocrática sin alma, sino que debe ser un espejo en el que la sociedad se refleja y que le devuelve un rostro humano y solidario frente a la adversidad, la enfermedad y la exclusión social. Este Estado del Bienestar debe basarse en los siguientes principios:
- Un volumen básico de inversión social en los Presupuestos Generales del Estado garantizado por ley y con alto impacto redistributivo.
- Eficiencia, transparencia, calidad y evaluación en los servicios públicos.
- Exigencia de responsabilidad en el ejercicio de los derechos.
Con la misma fuerza y convicción con la que defendemos el Estado del Bienestar, es imprescindible reforzar los mecanismos de control frente a todo tipo de abusos, fraudes, o cualquier despilfarro de los recursos públicos que lo desprestigian y debilitan económicamente.
6. POR UN SISTEMA FINANCIERO AL SERVICIO DE LA ECONOMÍA PRODUCTIVA.
El buen funcionamiento del sistema financiero es vital para la economía.La desregulación ha producido un crecimiento desmesurado del sistema financiero global que ha aumentado su capacidad especulativa y lo ha convertido en un parásito de la economía real. En la práctica el sistema financiero dista de funcionar como un mercado competitivo.
Asimismo, no es aceptable que el sistema financiero no cumpla su misión de conceder créditos a Pymes y familias mientras obtiene liquidez ilimitada al 1 por ciento por parte del BCE. A ello se refería Trichet cuando decía que “los Bancos deben cumplir con su deber". No podemos permitir que proyectos viables e innovadores se frustren por falta de financiación.
Por lo tanto, si la economía productiva depende del sistema financiero y éste desarrolla un servicio de interés general, debe ser adecuadamente regulado evitando abusos como las cláusulas tipo y las comisiones injustificadas ajenas a la labor de intermediación financiera y vinculando las ayudas públicas y el suministro de liquidez a objetivos de crédito otorgado.
Lo ocurrido en Europa con la crisis financiera demuestra la necesidad de establecer una supervisión bancaria a escala europea ya que los Bancos operan ya de forma transnacional. Y lo ocurrido en España evidencia, por su parte, fallos en el modelo de supervisión bancaria.
Es necesario y urgente sanear el sistema financiero pero no a costa de los contribuyentes, que observan escandalizados como la crisis se ha saldado congelando pensiones y reduciendo sueldos de escasa cuantía, mientras los directivos financieros siguen jubilándose con pensiones multimillonarias. Aún tratándose de empresas privadas existen herramientas fiscales y capacidades regulatorias de los poderes públicos para afrontar esos abusos.
Para poner el sistema financiero al servicio de la sociedad es necesario disponer de un sistema de crédito oficial a través de una agencia financiera del Estado, con la dimensión y la especialización suficiente para apoyar la actividad y la innovación y que agrupe las diversas entidades públicas que desarrollan esa labor de modo disperso.
7. UNA REFORMA ENERGÉTICA BASADA EN LA INNOVACIÓN.
España está en condiciones, incluso más que Alemania, de eliminar gradualmente la energía nuclear y consolidar su liderazgo internacional en energías renovables, lo que supone además una contribución decisiva al cambio de modelo productivo en España. Debe establecerse un marco estable de apoyo a las renovables, que prime la innovación y la creación de tejido industrial español, para que se aproveche al máximo la rápida reducción del coste de estas tecnologías: las únicas cuyo combustible es autóctono, limpio,seguro e inagotable. España puede y debe estar a la cabeza de la urgente "revolución energética", ya que la era del petróleo barato ha concluido, y la energía nuclear no es una alternativa ni barata ni suficientemente segura.
8. UN MERCADO DE TRABAJO REGULADO Y DINÁMICO.
Se ha magnificado la reforma del mercado de trabajo como la panacea para resolver el problema del desempleo. La experiencia nos ha demostrado que las reformas del mercado de trabajo no sirven para generar empleo a corto plazo, por lo que ésta no debe ser la prioridad y menos cuando no es fruto de un acuerdo entre los agentes sociales. Sólo con diálogo social y acuerdo se cimentan reformas laborales sólidas y duraderas.
En nuestro país, con la misma legislación laboral, hemos tenido tasas de desempleo del 9 y del 21 por ciento en distintos momentos del tiempo, y actualmente tenemos la misma diferencia entre distintas regiones. Esto se debe fundamentalmente al peso relativo de los distintos sectores productivos (construcción y servicios frente a industria) en la estructura económica.
Ahora sabemos que, sin crecimiento económico, difícilmente puede haber creación de empleo y que no hay fórmulas mágicas que puedan cambiar esta situación. Por eso rechazamos el denominado "contrato único" en la medida en que signifique abaratar los costes del despido, eludir la tutela judicial y, de hecho, convertir todos los contratos de trabajo fijos en temporales. Es el reino de la precariedad lo que no podemos avalar.
Lo que necesitamos es un marco de relaciones laborales estable, que potencie la negociación entre sindicatos y empresarios, que dote de flexibilidad a las empresas para adaptar la organización del trabajo a las nuevas realidades, adaptación que debe realizarse con la participación de los representantes de los trabajadores, lo que implica una apuesta por la flexibilidad negociada, frente a la imposición unilateral del empresario.
Todo lo cual debe facilitar la creación de empleos indefinidos y de calidad, la seguridad en el trabajo, la igualdad, la formación continua de los trabajadores, la mejora de la productividad y una estrecha relación entre la empresa y los centros de formación profesional para el empleo.
Se deben potenciar los convenios sectoriales. Porque en las relaciones laborales las dos partes no negocian de igual a igual, no son relaciones equilibradas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Cualquier determinación de salarios en el ámbito de la empresa debe producirse en el marco que fijen los convenios sectoriales. En el 90% de las empresas, que tienen menos de 25 trabajadores, no hay capacidad de negociar convenios colectivos y los convenios sectoriales son la única protección que tienen los trabajadores frente al empresario. Aceptar rebajar los salarios del sector por simple acuerdo de empresa es aceptar la imposición del empresario frente a trabajadores sin defensa sindical y a ello nos vamos a oponer.
Asimismo, las congelaciones salariales sin contrapartidas, empezando por la congelación del salario mínimo realizada por el gobierno, deprimen la demanda interna, profundizan en la recesión y, sobre todo, hacen recaer los sacrificios de la recuperación económica en los más débiles. Solo cabe moderación salarial en el marco de un pacto de rentas, que incorpore contrapartidas ligadas a la reinversión de parte de los beneficios en la creación de puestos de trabajo.
En cuanto al impulso y potenciación de las agencias privadas de colocación que ha anunciado el gobierno, debe garantizarse que no generen nuevas desigualdades laborales. Si se cambia su actual regulación, estas empresas podrían especializarse en los empleos de alto valor añadido por los que podrían cobrar mayores comisiones tanto a los oferentes como a los demandantes de trabajo, dejando a los parados de menor cualificación y de larga duración en manos de los servicios públicos de empleo.
En definitiva, la prioridad a corto plazo en el mercado de trabajo debe ser reforzar las políticas activas de empleo, cuya inversión sigue siendo baja en términos comparados, aprobar Planes de Empleo que incentiven la contratación, incluida la contratación a tiempo parcial, como forma de repartir el tiempo de trabajo pero no de devaluarlo como sucede con los "mini empleos" en Alemania, y fomentar la incorporación al trabajo de jóvenes, mujeres y personas de más edad. En particular, debemos impulsar una política de inversiones en infraestructuras de cuidado de niños y niñas de 0 a 3 años y de personas mayores y dependientes como forma de garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso al mercado de trabajo.
Por otra parte, debemos facilitar que el talento que acumula la sociedad española, fruto de la apuesta por la educación de los gobiernos socialistas, se transforme en la creación de nuevo tejido productivo y, con ello, de empleo. A tal fin, se deberán adoptar medidas fiscales, financieras y administrativas que faciliten el emprendimiento.
9. LA FORMACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA
Debemos promover la continua acumulación del capital humano, el activo económico intangible de más valor.
En este sentido debe ser una prioridad absoluta del proyecto socialista la plena universalización del nivel educativo de 0 a 3 años para todas las familias trabajadoras que lo requieran, porque sabemos que, además de garantizar la igualdad de las mujeres, la inversión en educación infantil e inicial es la más productiva y la que garantiza mayores cotas de igualdad a largo plazo, al equilibrar las oportunidades al inicio del ciclo vital.
Asimismo, debemos intensificar la posibilidad de compatibilizar formación con empleo de los más jóvenes y la continua capacitación profesional de los trabajadores.
Hay que integrar a las universidades públicas en la dinamización del sistema económico y en la transferencia de conocimientos hacia el sistema empresarial. Los parques científicos y empresariales, estructurados en torno a las universidades, deben constituirse tanto en viveros de empresas como en instituciones de consultoría y experimentación, que reduzcan los costes de información y de transformación de las Pymes y los emprendedores, en pro de su competitividad.
10. GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA.
En esta crisis han desempeñado un papel fundamental el sector de la construcción y el mercado hipotecario. En particular, el sistema financiero privado ha incentivado el endeudamiento excesivo de las familias, por lo que es necesario modificar la regulación y mejorar la supervisión, en particular mediante la aprobación de una Ley de Insolvencia Personal que evite situaciones dramáticas.
La política de vivienda debe centrarse en rehabilitar el parque de viviendas existente, fomentar el alquiler, mediante la recuperación de la Renta Básica de Emancipación para los jóvenes que ha sido abolida por el gobierno del PP y en el establecimiento de parques públicos de vivienda.
Asimismo, es intolerable la situación de muchas familias que han sido o van a ser desahuciadas, lo que no debe repetirse nunca más. Por eso los socialistas debemos promover la existencia de una amplia oferta de hipotecas a tipo de interés fijo y de responsabilidad limitada.
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